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Caso colusión de las farmacias revalida un sistema desregularizado, nefasto, abusivo e impune

Quieren declarar la nulidad del fallo que absuelve a los ejecutivos de las farmacias y critican falta de urgencia al proyecto anticolusión. La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que absolvió a 10 ejecutivos vinculados en el denominado ‘Caso Farmacias’ generó diversas reacciones entre senadores.

Molestia y preocupación generó la determinación de la justicia de absolver a los ejecutivos vinculados en el denominado “caso colusión de farmacias”. El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó absolver a los 10 ejecutivos implicados en el caso que explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalí­a Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

Mientras el senador Guido Girardi anunció que pedirá la nulidad del fallo absolutorio; su par el senador Alberto Espina recordó que desde 2009 se encuentra en trámite un proyecto que sanciona drásticamente la colusión. Por otro lado, el senador Alejandro Navarro, demandó la creación de una cadena de farmacias estatales.

El senador Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que “confiamos que tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema harán justicia en esta materia y no permitirán que violadores derechos humanos fundamentales caminen libremente por las calles como si nada hubiese ocurrido sin tener una mí­nima sanción moral en lo penal”.

El parlamentario aseveró que “los medicamentos no son bienes de consumo, son insumos de salud y los consumidores no son clientes son pacientes. Aquí­ lo que se juega es el derecho a la Salud. Por eso presentaremos un recurso de nulidad pues estamos convencidos que el fallo de minorí­a es el fallo correcto y que los tribunales superiores harán justicia”.

Recordó que “iniciamos la lucha contra estas empresas, hace 7 años cuando presentamos una denuncia a la Fiscalí­a Nacional Económica la que probó que habí­a colusión y aumentaban hasta en un mil por ciento los precios de los medicamentos esenciales como los inhaladores en pleno invierno cuando la contaminación más afecta a los niños y ancianos”.

El parlamentario agregó que “presentamos una querella criminal en el Ministerio Público, porque ellos son culpables. Así­ lo estableció la FNE y la propia Farmacia Ahumada reconoció su culpabilidad. Muchos de estos ejecutivos pagaron multas reconociendo que eran culpables y tuvieron que ir a clases de ética”.

Para Girardi, las multas y sanciones administrativas no sirven “porque las pagan los propios pacientes a través de las millonarias utilidades que dejan en estas cadenas -verdaderos monopolios que han hecho desaparecer a las farmacias pequeñas- y por eso es que era tan importante la sanción penal”.

El senador Girardi reconoció saber que “las penas establecidas en el artí­culo 285 del Código Penal no son altas, pero es distinto a tener una multa que la pagan los propios pacientes con los sobreprecios de los medicamentos, a tener una sanción penal aunque sea ir a firmar para que los gerentes y dueños de farmacias piensen dos veces si van a seguir estafando y abusando de los pacientes”.

URGENCIA AL PROYECTO ANTICOLUSIí“N

Por su parte, el senador Espina, miembro de la Comisión de Constitución, lamentó que hasta ahora “el Gobierno se haya negado a dar urgencia al proyecto que sanciona con pena de cárcel la colusión”. La iniciativa presentada en abril de 2009 establece una sanción de 3 años y un dí­a a 10 años a quienes celebren o ejecuten acuerdos contrarios a la libre competencia con uno o más de sus competidores. (Boletí­n 6454-07)

La iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, Antonio Horvath y los ex parlamentarios Carlos Cantero y Andrés Chadwick sanciona drásticamente la colusión, incluso con pena de cárcel de hasta 10 años.

“Luego de 6 meses, el 13 de octubre de 2009, se aprobó en general y durante el último tiempo la Comisión de Constitución del Senado –en la que Espina es integrante- ha continuado avanzando en el proyecto, pero sorpresivamente el Gobierno ingresó uno distinto en marzo de este año, en la Cámara de Diputados, sin movimiento legislativo hasta la fecha”, precisó el legislador. (Revise la nota relacionada sobre el debate en la Comisión de Constitución)

Al respecto, el senador Espina señaló que “hemos pedido reiteradamente al Ministro de Economí­a que dé urgencia a nuestro proyecto que ya fue aprobado en general en el Senado, donde hay un texto concordado con el Ministerio Público e incluso con puntos importantes de acuerdo con la Fiscalí­a Nacional Económica”.

“Nuestro proyecto de ley establece una pena de tres años y un dí­a a diez años a quienes celebren o ejecuten acuerdos contrarios a la libre competencia con uno o más de sus competidores para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado”, explicó.

“Simultáneamente el proyecto establece como sanción la inhabilitación absolutamente temporal para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad mercantil y el cargo de director en una sociedad gremial y profesional”, puntualizó.

En este contexto, el parlamentario argumentó que “la Fiscalí­a Nacional Económica tiene la facultad de iniciar estas investigaciones y cuando coincidiré que está en presencia de un hecho que reviste carácter de delito, debe remitirla inmediatamente al Ministerio Público para que inicie la investigación y se sancione con pena de cárcel a los culpables”.

“Queremos insistir que no hay ninguna razón ni justificación para que el ministro de Economí­a no dé urgencia a la tramitación del proyecto que está viendo la Comisión de Constitución del Senado”, manifestó Espina.

Finalmente, el senador Espina explicó que habló con el presidente de la Comisión, senador Alfonso De Urresti en orden a poder despachar la iniciativa en las próximas sesiones, porque a juicio del parlamentario, “seguir dilatando el proyecto es simplemente mantener la impunidad hacia los consumidores, que en la gran mayorí­a de los paí­ses no sólo reciben duras sanciones económicas, sino que cuando se actúa dolosa y maliciosamente también tienen penas de cárcel”, concluyó.

FARMACIAS ESTATALES

A su turno, el senador Navarro demandó la creación de una cadena de farmacias estatales que potencie la competencia entre las 3 grandes cadenas que existen actualmente.

El legislador dijo que “los reiterados abusos por parte de las cadenas farmacéuticas hacen necesario la creación de una farmacia estatal que abastezca a aquellos pacientes que requieran fármacos vitales. Tenemos un deber con la salud pública, pues los consultorios no son capaces de abastecer a toda la población que necesita estos medicamentos. La farmacia estatal también logrará que se regulen los precios del mercado, al existir un actor que por fin tenga precios justos y accesibles”, dijo.

Del mismo modo, el senador Navarro y la directiva de ADECON-Biobí­o solicitarán al Ejecutivo que otorgue discusión inmediata, es decir de 6 dí­as para ser debatida por cada rama legislativa, al proyecto de ley que repone la pena de cárcel para los delitos de cuello y corbata.

Para el legislador “es necesario perseguir con igual fuerza o más, no sólo los delitos violentos, sino también los delitos de cuello blanco, porque producen un nivel de violencia social e indignación en la ciudadaní­a”.

Fuente: Senado de Chile

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