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Detectan 13 inscripciones falsificadas en los libros del Conservador de Bienes de Santiago

Fiscalí­a investiga eventual complicidad de funcionarios del organismo.

Por Ví­ctor Carvajal

Páginas cortadas limpiamente de los registros de propiedad de los años ‘60 y ‘70, lavadas con quí­micos, reescritas con tintas envejecidas y repuestas sin dejar huella. Esa es la cinematográfica fórmula utilizada para falsificar inscripciones en el Conservador de Bienes Raí­ces de Santiago. La fiscalí­a investiga 13 casos detectados hasta ahora, cinco de los cuales ya dieron origen a estafas que involucran hipotecas o ventas de propiedades. Algunos afectados exigen que el Conservador los indemnice, porque falló en su misión de custodiar los registros, labor por la que recibe ingresos millonarios.

El grueso libro de tapas negras lleva 42 años en las bodegas del Conservador de Bienes Raí­ces de Santiago (CBRS). Sus páginas de textura rí­gida datan de 1972 y están manuscritas en una tinta azul que el paso del tiempo y el trají­n han ido atenuando hasta dejarla celeste. La foja Nº 1.035 parece una más de las centenares con estampillas, sellos y firmas, que dan fe de las inscripciones de dominio de propiedades. Sólo el detalle de una cinta adhesiva que mantiene pegada la página al lomo del libro la hace diferente, justo donde se lee la inscripción Nº 1.384: un extenso terreno en Quilicura que figura a nombre de Kurt Edgar Gunter Schonffeldt Guerrero, adquirido en 1971 en remate judicial contra Blanca Vicuña y sus hijos. Pero resulta que todo, o casi todo, es falso.

El libro del CBRS fue adulterado. La hoja fue cortada limpiamente, la robaron y lavaron con productos quí­micos para eliminar la tinta manuscrita, pero dejaron los sellos y la firma del conservador de la época. Después se preparó una tinta que tuviera el mismo tono del trajinado original y posteriormente alguien imitó con maestrí­a la letra caligráfica del escribiente, para que no apareciera distinta a la de las otras anotaciones de ese año.

El último paso fue devolver la hoja a su lugar en el libro. Una posibilidad es que alguien que trabaja en el CBRS se haya coludido con los falsificadores y que, aprovechando su libre tránsito por los archivos, haya pegado la hoja en el sitio que ésta originalmente ocupaba en el tomo. En el Conservador prefieren aventurar una hipótesis distinta, en la que se descartan complicidades internas.

La versión que se maneja al interior del Conservador apunta a que alguien habrí­a llegado al mesón de consultas públicas del CBRS con la hoja de la inscripción ya lavada y reescrita, solicitó el mismo tomo del cual habí­a sido arrancada -con la supuesta finalidad de consultar una inscripción-, pero cuando lo tuvo en su poder reinsertó la página en el lugar que ocupaba originalmente. Allí­, en el concurrido mesón, el sujeto no habrí­a podido pegar la hoja al libro por el alto riesgo de ser descubierto. Entonces, ¿cómo apareció después la hoja adherida al tomo? La presunción en el CBRS es que cuando el libro fue pedido nuevamente algún funcionario se dio cuenta de la hoja suelta y la envió al empaste, un procedimiento que suele ser habitual en el caso de los volúmenes muy antiguos, cuyas hojas se sueltan por la manipulación.

Esta teorí­a se sustenta en que la investigación interna del CBRS sobre sus funcionarios no arrojó ningún ví­nculo con los autores del delito. “Vulneraron nuestro sistema pero no estamos relacionados con el fraude. También somos ví­ctimas, porque se alteró la historia registral de las propiedades que nos corresponde mantener”, afirma el abogado y auditor del Conservador santiaguino, Mario Saquel . No obstante, será una investigación que desarrolla el Ministerio Público la que determine si hay o no empleados del CBRS involucrados.

La acción de la Fiscalí­a se debe a que en los últimos dos años se han detectado 13 adulteraciones de los libros del CBRS -todas con caracterí­sticas similares a la descrita en los párrafos anteriores- y casi cien, sólo en 2013, en el Archivo Judicial de Santiago. En este último se custodian los documentos judiciales y notariales. El número de ilí­citos y sus similitudes permiten presumir la acción de una banda especializada.

La fiscal de Alta Complejidad, Tania Sironvalle, es la encargada de la indagatoria que se inició por una querella que presentó el propio Conservador ante el 7º Juzgado de Garantí­a de Santiago. A esta acción penal se han sumado demandas civiles contra el CBRS, interpuestas por las ví­ctimas de las falsificaciones, quienes exigen una reparación del Conservador de Santiago, Luis Maldonado, debido a que según ellos incumplió el deber de custodiar los tí­tulos de propiedad que están a su cargo.

CINCO VíCTIMAS

Maldonado presentó la querella en octubre de 2013 por 12 inscripciones falsas. Previo a ello, informó a la Corte de Apelaciones de Santiago estos hallazgos.

La gravedad de la situación puso en duda el resguardo de la fe pública, que es la misión de los conservadores. Y por lo cual perciben millonarios ingresos, dada su condición de monopolio en sus territorios.

El terreno de Quilicura se convirtió en el décimo tercer caso de falsificaciones de este tipo, detectada cuando la investigación de la fiscalí­a ya estaba en curso. Por esta nueva adulteración de los libros, en abril de 2014 se amplió la querella del Conservador.

Aunque se han detectado 13 casos, sólo cinco de estas falsificaciones se utilizaron para consumar fraudes relacionados con la hipoteca o venta de las propiedades. “En los otros ocho casos quedaron sembradas las falsas inscripciones, pero logramos detectarlas, frustrando los delitos que se intentaban cometer con ellas”, comenta el del CBRS, Mario Saquel.

Una vez detectadas las primeras falsificaciones y la prolijidad de quienes las realizaron, el CBRS contrató a un equipo de peritos que revisó todos los libros en los que se usó letra manuscrita para anotar inscripciones, modalidad que se utilizó hasta la década de 1980. Esa labor se realizó en un cuarto oscuro y con luz ultravioleta, técnica que permitió descubrir las páginas adulteradas. Adicionalmente, se digitalizaron las anotaciones de todo ese periodo de modo que ahora los libros no se facilitan al público, que sólo puede revisarlos en pantalla.

Por ello, el auditor Mario Saquel aseguró enfáticamente a CIPER que un engaño con el modus operandi del corte y lavado “no debe volver a repetirse, porque han sido periciados todos los protocolos en nuestro poder”.

Las denuncias por falsificaciones o uso malicioso de documentos públicos no son pocas a nivel nacional. En 2013 la PDI investigó 1.168 casos bajo ese rótulo, por los que llevó a tribunales a 201 personas, según el Informe Anual de esa institución. La mayorí­a de las veces se trata de falsas escrituras y en otras se suplanta a las personas ante las notarí­as, para luego realizar inscripciones engañosas en los conservadores.

En cambio, la vulneración de libros del CBRS no tiene precedente y en regiones sólo se recuerda un caso: el del Conservador de Valdivia, ocurrido en 2011, donde estaba involucrado un funcionario de la entidad junto a profesionales y empresarios agrí­colas. Nueve fueron las personas llevadas a juicio por falsificar las escrituras de los fundos Trafún y Rupumeica-Huenahue, de Futrono, que sumaban 14 mil hectáreas. El engaño era para vender los llamados “bonos de carbono” en el mercado internacional. Clave en el fraude fue la participación de un funcionario del conservador valdiviano, Juan Cortés Villanueva. Finalmente, el tribunal condenó a seis de los inculpados, entre ellos un abogado, tres agricultores y Cortés.

EL TERRENO DE QUILICURA

De los 13 casos que afectan al Conservador de Santiago hasta ahora se contabilizan cinco ví­ctimas de fraudes orquestados con las falsificaciones. Aunque en el CBRS insisten en que ellos también son ví­ctimas, los perjudicados no lo consideran así­. La empresa hipotecaria Contémpora, una de las afectadas por falsificación de escritura, estimó que el Conservador no cumplió debidamente su labor de custodia, lo demandó y obtuvo un fallo favorable del 22º Juzgado Civil de Santiago. El dictamen obliga al CBRS a pagar una indemnización, aunque éste intentará revertir la situación en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La ví­ctima de la última falsificación de inscripción detectada, la número 13, es Inversiones Santa Isabel Ltda. La empresa es controlada por el empresario Augusto Valdés Correa y su familia. El 4 de junio de 2013 se adjudicó en remate ante el 7º Juzgado Civil de Santiago un paño del llamado “fundo Quilicura” en $565 millones, dinero que dejó consignado en el tribunal. Así­ concluí­a el litigio entre el Banco Itaú con Kurt Schonffeldt Guerrero, un pequeño empresario que adeudaba a la entidad financiera un crédito, más intereses, multas y costas por $ 290 millones. La deuda la habí­a respaldado con la propiedad ubicada frente al 1.500 de Américo Vespucio Norte, cuyo dominio estaba certificado por el CBRS. Pero la inscripción a nombre de Schonffeldt era falsa.

El Conservador rechazó la solicitud del comprador Augusto Valdés de inscribir el paño a nombre de otra de sus empresas familiares: “Agrí­cola Santa Isabel”. Por eso, el trámite se prolongó. En agosto de 2014, más de un año después del remate y aunque la propiedad todaví­a no estaba a nombre de la sociedad de Valdés, el Itaú giró su parte: $290.893.669. A su vez, Schonffeldt concurrió al juzgado y obtuvo que le giraran el remanente de $274.106.331.

Hasta ese momento, los representantes de Santa Isabel desconocí­an que la inscripción a favor de Schonffeldt era falsa. De ello sólo se enteraron el 12 de septiembre del año pasado, cuando el Conservador subrogante, Francisco Barriga, dio cuenta al tribunal de que la inscripción de fojas 1.035 No. 1.384 del Registro de Propiedad de 1972 era un engaño. Pero el dinero de la compraventa ya habí­a sido cobrado el mes anterior por el Banco Itaú y por Schonffeldt.

El Conservador descarta una eventual responsabilidad por no haber informado al tribunal apenas se detectó la falsificación, en enero de 2014, para que no se giraran los pagos. El auditor Mario Saquel argumenta que el 9 de abril de 2014 se querelló justamente por este terreno de Quilicura y que en el escrito hizo presente a la fiscal Sironvalle que sobre ese paño “inscrito maliciosamente” existí­an dos embargos del Banco Itaú, detallando los números de esa causa judicial y cuáles eran los tribunales que decretaron la subasta contra Schonffeldt. En otras palabras, el CBRS estima que la Fiscalí­a debió informar al tribunal donde estaban retenidos los dineros.

En su presentación ante la Fiscalí­a Centro Norte, el abogado Saquel relató que en enero de 2014 el perito calí­grafo Luis Reyes Salazar informó al CBRS que la inscripción de dominio a favor de Schonffeldt se escribió sobre una hoja lavada. Tras la alerta del perito se revisó el libro de esa notarí­a, constatando que la supuesta escritura no existí­a. Se hizo lo mismo en el Archivo Nacional con el Registro de Propiedad de 1920, donde se comprobó que las inscripciones previas de ese predio “no guardan relación alguna con el inmueble falsamente inscrito a nombre del querellado” Schonffeldt. La búsqueda en las microfichas del propio CBRS arrojó que la inscripción original, que habí­a sido borrada, correspondí­a a una antigua compraventa por un inmueble de calle Asturias 55 de Las Condes. Sobre ella se anotó la de Schonffeldt.

“Hicimos lo que correspondí­a, colocando todos los antecedentes en manos de la Fiscalí­a, incluidos los remates decretados, meses antes que se giraran los dineros”, argumenta el auditor Mario Saquel. Además, en la misma hoja donde está la inscripción se incorporó una nota destacada advirtiendo el fraude.

EL QUERELLADO

Kurt Schoffeldt (44 años) está a la espera de que la PDI lo cite, aunque él también se declara “ví­ctima”. El ahora querellado por el CBRS constituyó en 2009 la empresa Aquacar, de responsabilidad individual limitada. Con un capital inicial de $ 2 millones, la empresa se dedica a la fabricación e instalación de piletas y fuentes de agua, la compraventa de vehí­culos y obras de construcción menores. En distintos buscadores de empresas que operan en Internet, la sociedad figura con domicilio en avenida El Salto (Recoleta), donde ya no funciona.

En la justicia, Schonffeldt registra varias causas, la mayorí­a ya concluidas: la más reciente por giro doloso de cheques, del año 2013, en el 8º Juzgado de Garantí­a. En 2006 aparece una por “estafas y otras defraudaciones”, radicada en el 4º Juzgado de Garantí­a. Adicionalmente, en los tribunales civiles registra demandas ya archivadas en cinco distintos juzgados de Santiago por deudas morosas, entre ellas la del Banco Itaú que dio origen al remate del predio de Quilicura.

Cercanos a Schonffeldt contaron que en el último tiempo se ha dedicado al corretaje de propiedades en la VI Región, pero el empresario no aceptó hablar con CIPER. Telefónicamente, desde la oficina de su abogado Guillermo Sepúlveda aseguraron que su cliente también es una ví­ctima en el caso de la falsificación de libros del CBRS y que no hablará hasta ser interrogado. Eso sí­, reconocen que retiró el remanente del remate: “¿Por qué no lo habrí­a hecho, si el banco retiró su parte antes?”, argumentaron.

IN FRAGANTI

Existe en la Fiscalí­a una grabación, filmada en el Archivo Judicial de Santiago, que muestra parte del modus operandi de los falsificadores de libros con escrituras públicas. Corresponde al 22 de agosto de 2013, a las 14:09. Un hombre de terno y corbata, de unos 40 años, se acerca al mesón y pide un empastado. Ya con él, comienza a hojearlo. Se retira unos momentos, deja el libro abierto y vuelve con una carpeta. Viene acompañado de un cómplice que se encarga de tapar la visión a otras personas que están en el mesón. El hombre de terno tiene entre los dedos un instrumento afilado -posiblemente una hoja de afeitar- con el que corta limpiamente una de las páginas del libro y la oculta bajo la carpeta. Son las 14:12. Han pasado apenas tres minutos y se encamina a la puerta. Pero en ese momento es denunciado y detenido, aunque al dí­a siguiente quedará libre: no es un delito para prisión preventiva.

Fiscales, policí­as y conservadores, concuerdan en que la baja penalidad y la alta rentabilidad de estos delitos los ha vuelto muy atractivos para los estafadores. Incluso la PDI ha detectado el traspaso de delincuentes de otras “especialidades” a los llamados “delitos contra la fe pública”.

El conservador está convencido de que existen “mafias” dedicadas a estas falsificaciones, por lo que su querella también incluyó la figura de la “asociación ilí­cita”. El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, subprefecto José Gutiérrez, es más cauto. Explicó a CIPER que hay distintos tipos de bandas que se dedican a proveer “servicios” a los que idean la falsificación:

-Están los que conocen la dinámica de las notarí­as y conservadores. Ellos saben cómo pedir los archivos. Otros son los que observan en terreno las propiedades y obtienen datos de sus dueños, generalmente personas de la tercera edad. Además están los que hacen las gestiones ante los bancos -dice el subprefecto Gutiérrez.

Una vez que completan la falsificación, describe el policí­a, inscriben la propiedad. Para aparentar que son económicamente solventes, incluso pueden llegar a comprar una empresa sin movimiento: “Buscan ‘palos blancos’ y con esa fachada piden créditos a los bancos, los que son garantizados con las propiedades falsificadas”.

Según la PDI los delitos más elaborados, como la vulneración de los libros del Conservador, son escasos en el conjunto de las falsificaciones de escrituras públicas, donde son más usuales los fraudes con suplantación de nombre, como ocurrió en 2014 con una propiedad de Emilia Wenzel, ubicada en Santa Marí­a de Manquehue. En ese caso, según relata el subprefecto Gutiérrez, una mujer que no ha sido aprehendida simuló ser la verdadera propietaria, exhibió cédula de identidad, la escritura y vendió en trato directo el inmueble en $215 millones -un precio de ocasión- a un ejecutivo de una AFP. La verdadera dueña se enteró cuando quiso vender la propiedad y descubrió que estaba inscrita a nombre del ejecutivo.

LOS PRIMEROS 12 CASOS

En junio de 2013 una visita de empleados de la empresa Contémpora Mutuos Hipotecarios al Conservador de Santiago, para resolver un problema de deslindes por una propiedad hipotecada a su favor por Rolf Heriberto Schilling von Freeden, fue la punta de la hebra que despertó las sospechas sobre falsificaciones en los libros del CBRS. En mayo de ese mismo año, Schilling y sus socios en Inversiones Gastronómicas del Sur habí­an dejado el predio de 2,3 hectáreas del fundo Quilicura -curiosamente del mismo nombre que el del caso Schonffeldt- en garantí­a a favor de Contémpora y de Suaval S.A. por $740 millones. Pero al revisar las microfichas se comprobó que la hoja habí­a sido lavada, que el dominio no correspondí­a a Inversiones Gastronómicas del Sur, sino a Inmobiliaria Camino El Cerro.

Con motivo de este hallazgo el Conservador ordenó iniciar el peritaje de los libros correspondientes a las inscripciones de la década de 1960, contratando a la empresa de la perito judicial Evelyn Antúnez Espí­ndola.

En tres casos más se detectó la consumación de estafas: la parcela 13 del -otra vez- fundo Quilicura, que Héctor Dí­az Salazar hipotecó a favor del Scotiabank en 2010; la de un inmueble en calle Dávila, que nunca fue de Claudio Cabrera Rozas y que se vendió a un comprador de buena fe que lo hipotecó a favor de BancoEstado; y la de la parcela 32 del fundo Lo Echevers, de Quilicura, que nunca perteneció a Luis Muñoz Moreno, quien la hipotecó en favor de Aval Chile S.A. el 2012.

Los engaños que fueron “sembrados” por los estafadores, pero que se frustraron por el peritaje del CBRS, corresponden a un sitio de calle Santo Domingo, una casa en Vivaceta 4.330, un loteo del fundo San Luis de Quilicura, una casa de calle Romero, otra de avenida Perú, un terreno en Cerrillos, una parcela de Renca y una vivienda de calle Lautaro en Quilicura. Por estos 12 casos el CBRS se querelló contra 13 personas. (Vea la querella y lista de imputados).

PENAS DE BAGATELA

Sara Estrada Salas cometió 21 estafas, entre 2004 y 2006, haciendo uso de su condición de funcionaria de la Notarí­a de Rengo. A cambio de dinero ofrecí­a sus servicios a personas que necesitaban realizar trámites en reparticiones públicas -como el SAG- para la compraventa de propiedades. Sara Estrada no hací­a esos trámites, pero confeccionaba escrituras falsas aparentando que los habí­a cumplido. En algunas ocasiones consiguió que dichos documentos fueran firmados por el notario e, incluso, inscritos en el Conservador de la ciudad. Beneficiada con media prescripción y la irreprochable conducta anterior, en diciembre de 2011 el Tribunal Oral de Rancagua la condenó a 541 dí­as de presidio remitido, una multa de 6 UTM y prohibición de ejercer cargos públicos durante la condena.

Los estafadores logran sus engaños porque aprovechan algunas debilidades en la cadena de tramitaciones que culmina en la inscripción de un bien raí­z. La consulta directa de los libros por parte del público ya no se realiza en Santiago, pero continúa en los Conservadores de provincia, que en su mayorí­a no ha digitalizado sus registros, salvo los de Rancagua y Rengo.

Las notarí­as carecen de un sistema de verificación de identidad para evitar las falsificaciones de las cédulas y aunque está en vigencia la firma electrónica, pocos notarios la utilizan. Los bancos que otorgan los créditos en ocasiones no hacen un estudio detallado de los tí­tulos y de los clientes, y algunos juzgados liberan los dineros consignados por el adjudicatario -como ocurrió en el caso de Santa Isabel- sin aguardar a que la propiedad haya sido inscrita tras el remate.

En diciembre pasado, Armando Arancibia, presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, insistió en que “hace años venimos solicitando la posibilidad de verificar identidad con el apoyo de los elementos biométricos de los que dispone el Registro Civil”, cooperación que todaví­a no se puede instalar, a pesar de las conversaciones. Para el Conservador de Rancagua, Mauricio Astudillo, es factible interconectar a las notarí­as con el Registro Civil, de tal manera que toda persona, antes de suscribir un documento, deba cotejar su huella dactilar con la base de datos. Así­ se terminarí­an las suplantaciones.

Las escasas condenas de cárcel efectiva también hacen más apetitosos, para los estafadores, los delitos contra la fe pública. “Se les asignan penas de bagatela. Escrituras públicas vulnerables y débil reacción punitiva constituyen una mezcla muy peligrosa”, expresó el conservador Astudillo.

Acreditar que hubo dolo es la dificultad que tienen los fiscales para lograr una sentencia condenatoria. Alejandro Moreira y Consuelo Salinas, abogados de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalí­a Nacional, explicaron que “a juicio llega finalmente el 15% o 20% de los casos y de ellos se gana la mitad”. En un recuento de la propia Fiscalí­a, entre 2009 y 2012 se registraron siete condenas por falsificación de instrumento público y uso malicioso, entre ellas la que afectó a la mencionada funcionaria de la Notarí­a de Rengo, Sara Estrada.

El ya citado caso del Conservador de Valdivia, que remeció a esa ciudad en 2011 e incluso llegó después hasta el Tribunal Constitucional, fue una victoria para la Fiscalí­a y, según el abogado Moreira, puso en evidencia las debilidades del sistema registral chileno. Ahora, está por verse si la Fiscalí­a logrará lo mismo en el caso del Conservador santiaguino, donde el libro adulterado de 1972 permanece guardado bajo 7 llaves.

Fuente: CIPER Chile.cl

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