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Distribuidores de Gas Natural llamaron a perfeccionar la nueva ley de regulación tarifaria del sector

Ante la Comisión de Minerí­a y Energí­a de la Cámara de Diputados, la asociación gremial valoró que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo complete y modernice el marco regulatorio del gas, pero dijeron que ven con preocupación que se propongan modificaciones que no fomentan las inversiones en el sector, generen incertidumbre regulatoria y que no fomenten un desarrollo inclusivo del gas natural en Chile.

Un fuerte llamado a los diputados de la Comisión de Minerí­a y Energí­a a introducir importantes modificaciones a la propuesta legal presentada por el Ejecutivo realizó la Asociación de Distribuidores de Gas Natural, AGN Chile, encabezados por el director ejecutivo del organismo, Carlos Cortés, ello en el contexto del análisis que efectúa la instancia legislativa en torno al proyecto (boletí­n 9890) que define un nuevo sistema de tarificación de los servicios de gas.

“Valoramos que la iniciativa complete y modernice el marco regulatorio del gas. Sin embargo, vemos con preocupación que se propongan modificaciones que no fomentan las inversiones en el sector, que generan incertidumbre regulatoria y que no fomenta un desarrollo inclusivo del gas natural en Chile. Confiamos en que el proyecto de ley podrá ser perfeccionado durante su tramitación en el Congreso”, plateó la Asociación en su presentación.

Resaltaron que, entre el insumo y el producto final, hay cuantiosas inversiones, compromisos a largo plazo y riesgos asumidos por privados. Precisaron que la cadena de valor del gas natural representa más de US$5.500 millones: US$1.600 millones en gasoductos; US$2.000 millones en redes y conexiones; y US$1.900 millones en terminales de GNL.

Detallaron que la importación, regasificación, almacenamiento y transporte hasta el puerto-ciudad se caracteriza por contratos a más de 20 años, con cláusulas que implican el pago del producto o servicio, independientemente de que se consuma.

Informaron que el costo del insumo es solo una parte de la tarifa final, tal como sucede en otras industrias intensivas en distribución. Comunicaron que el costo del insumo del gas natural en la Región Metropolitana es de 9 pesos el litro, en tanto que el precio de venta es de 29,8 pesos el litro (datos en US$/MMbtu.), es decir, un valor 3,3 veces mayor. Sin embargo, plantearon que esta proporción valor de insumo/precio de venta está en lí­nea con otros mercados similares, como el del cilindro de gas licuado del petróleo (3,5) y muy por debajo que el registrado en el servicio del agua (20,6).

Afirmaron que Chile tiene un precio de gas natural a cliente final comparable con el de otros paí­ses importadores y recalcaron que, en Chile, el gas natural por redes participa en diversos mercados de energí­a, donde compite intensamente con múltiples sustitutos (electricidad, paneles solares, GLP, entre otros).

Señalaron que, por ejemplo, en la zona centro sur, los estudios indican que el 25% de los hogares usa gas natural para calentar agua, un 17% para cocinar y sólo un 2% para calefaccionar. “El gas natural representa hoy sólo el 8% de la matriz energética residencial comercial nacional”, enfatizaron.

Estimaron que el proyecto de ley llena los vací­os legales existentes y perfecciona otras materias, al detallar metodologí­as y procedimientos para el chequeo de rentabilidad, el cálculo de tasa de costo de capital y la tarificación cuando proceda. Además, acotaron, introduce un mecanismo para resolver discrepancias entre regulador y empresas.

Sin embargo, argumentaron, la propuesta legal “no genera condiciones para que una industria con riesgos y que compite pueda desarrollarse plenamente e introduce elementos que desincentivan la inversión. Reduce el umbral de rentabilidad máxima anual que hoy permite compensar los resultados de años desfavorables. La rentabilidad máxima contemplada en el proyecto en ningún caso corresponde a una rentabilidad garantizada”, criticaron.

Consideraron que el tratamiento que se propone para las conversiones de las instalaciones domiciliarias desincentiva que éstas sean asumidas por las empresas, como ha sido hasta ahora; y refutaron la introducción de elementos que generan incertidumbre regulatoria y debilitan la institucionalidad técnico-jurí­dica del sector, particularmente:

1. Nuevos criterios también se aplican sobre inversiones ya realizadas.

2. Excluye la participación del TDLC para determinar si existe una situación de poder de mercado que amerite tarificar y tarifica por el solo hecho de superar el umbral de rentabilidad.

3. Panel de expertos no incorpora explí­citamente especialistas en gas.

Finalmente, se sostuvo que el proyecto no fomenta un desarrollo inclusivo (al eliminarse las conversiones de la base de activos de las compañí­as, los nuevos clientes tendrán que asumir una proporción mayor de los costos de conversión, lo que hará más difí­cil que sectores de bajos ingresos puedan tener acceso a los beneficios del gas natural); y acusaron que no se hace cargo de la distribución de gas licuado de cañerí­a, por lo cual, no le son aplicables las exigencias que impone al gas natural respecto a no discriminar arbitrariamente precios, ni de información de sus tarifas.

Fuente: Cámara de Diputados de Chile

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