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$2.800 millones fue el presupuesto designado para la Constitución en 2016.
De acuerdo a la revisión de las partidas presupuestarias de 2017, el presupuesto para el proceso constituyente mostró una disminución de un 95%. En los ministerios del Interior y Secretaría General de Gobierno, se eliminó por completo el financiamiento. El 2017 contempla instancias claves para el proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.
De acuerdo al cronograma de planificación, en los próximos meses se debería concretar la redacción y posterior envío del proyecto de ley de la nueva Constitución (el que derivará de la información recolectada en las llamadas bases ciudadanas, redactadas luego de los cabildos) y también la reforma que pretende habilitar al Congreso a cambiar la Carta Fundamental.
Pero, según informa tanto el oficialismo como el Ejecutivo, a 17 meses de terminar el mandato se hace muy difícil cumplir con todas las fechas comprometidas inicialmente. Según dicen, esto se debe a “otras prioridades legislativas y el bajo respaldo ciudadano de la Mandataria”.
Lo anterior se traduce en que los gastos destinados al proceso constituyente, al interior de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretería General de Gobierno, se redujeron en casi el 100%.
El ministerio a cargo de Mario Fernández, por ejemplo, destinó $504.696 millones bajo la categoría “Estudios para una nueva Constitución” en 2016. Para el 2017, en cambio, se eliminó completamente ese gasto.
En el caso de la Secretaría General de Gobierno (quienes son los responsables de informar a la población acerca de las políticas del Ejecutivo y los que se dedicaron a difundir la existencia de cabildos ciudadanos) hubo una eliminación total del gasto asignado para 2017, que en 2016 ascendía a $1.133.000 millones.
Por último, la Secretaría General de la Presidencia pasó de un gasto de $1.284.406 millones en 2016 a $139 millones en 2017. Dichos recursos se solicitaron bajo la categoría de “Estudios finales del proceso constituyente”.
Desde el gobierno, explicaron que “estos recursos apuntan a financiar, por un lado, algunos estudios que permanecen pendientes, y por otro, hacerse cargo de la difusión de la nueva etapa del proceso constituyente, la que sería sustancialmente más reducida que la realizada durante este año”, informa la Tercera.
CUESTIONAMIENTOS
La reducción de un 95% de los gastos asociados al proceso constiuyente llegan en el marco de una serie de interrogantes por parte de sectores que han sido parte de las distintas etapas del proceso.
En líneas generales, las críticas dicen que hoy no están las condiciones suficientes para continuar con las distintas etapas comprometidas por la Presidenta.
Los encargados de redactar las conclusiones de la etapa diálogos y participación ciudadana, comandados por el sociólogo Rodrigo Márquez, han informado en varias reuniones las complejidades que han tenido para avanzar en su tarea.
Lo anterior, los llevó a enviar un oficio al Consejo de Observadores Ciudadanos, en el que indicaron que va a ser recién a mediados de noviembre cuando puedan obtener los datos cualitativos del proceso participativo (información que se usará para la elaboración de las bases ciudadanas de la nueva Constitución).
“La voluntad del Consejo es hacer bien el trabajo que se nos dio. Se van a tener que flexibilizar los planes originales”, manifestó Hernán Larraín Matte, miembro de la instancia.
Asimismo, algunos integrantes del Consejo, como el abogado Francisco Soto, sostienen que “no hay viabilidad política” en el actual gobierno para realizar la Nueva Constitución, especialmente por el bajo apoyo ciudadano que consigna el gobierno.
Fuente: El Mostrador
