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El aborto inseguro sigue matando en América Latina y el Caribe

Por Lucile Gimberg

Para la nueva edición del Dí­a de Acción Global para el Acceso a un Aborto Seguro y Legal, cientos de activistas de organizaciones feministas tomaron las calles, por ejemplo en El Salvador, para reclamar la despenalización de la interrupción del embarazo.

El 28 de septiembre, que conmemora la abolición de la esclavitud de los niños nacidos de madres esclavas en Brasil, fue rebautizado como dí­a del “vientre libre” o Dí­a de Acción Global para el Acceso a un Aborto Seguro y Legal.

En El Salvador, las mujeres que abortan pueden ser castigadas con hasta 30 años de cárcel. Una sanción que la derecha del paí­s centroamericano pretende, mediante una propuesta de ley, elevar a 50 años.

América Latina y el Caribe tienen algunas de las leyes más restrictivas del mundo en la materia. Siete de los nueve paí­ses que criminalizan el aborto sin excepciones están en la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Haití­ y Chile donde la presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido en promover la despenalización del aborto terapéutico.

Producto de esta situación, “el aborto inseguro sigue matando a decenas de miles de mujeres en todo el mundo”, alertó este miércoles un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU.

Los sectores pro-vida, influyentes en América Latina, argumentan que la prohibición sirve para evitar que haya más abortos. Al contrario, responde Juan Méndez, relator especial de la ONU, se ha demostrado que los paí­ses donde se facilita el acceso a la información, a los métodos anticonceptivos y donde el aborto es legal, tienen los í­ndices de aborto más bajos.

Según varios organismos internacionales, más de 4 millones de mujeres abortan cada año en América Latina y más del 90% de estos abortos son inseguros, lo que conlleva altas tasas de mortalidad y morbilidad materna.

Entrevistados: Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, í‰tico y Eugenésico (ACDATEE), y Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Fuente: RFI

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